Los que realmente merecen un bono por arriesgarse en su jale son los jueces cívicos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pues un día se cuelgan la charola de mediadores y al otro día de instigadores de vecinos inconformes con los cambios de uso de suelo en zonas exclusivamente habitacionales.
Luego que vecinos del fraccionamiento Jardines de San Francisco se opusieran a la construcción de torres y departamentos en el sector, el jefe del Centro de Mediación, Heriberto Martínez Posada, decidió ponerse el traje de funcionario de Desarrollo Urbano para amenazar a los colonos en investigar y actuar en contra si tenían, o no, permiso para presentarse como un comité organizado de vecinos.
Martínez Posada se atrevió a citar a un integrante del comité vecinal para ‘echarle la mano’ a un quejoso el cual es su íntimo amigo. El fondo del asunto fue que trató de aprovechar su investidura para influir en un permiso de construcción de casi una decena de departamentos, el cual se encuentra detenido en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal tras una queja colectiva que refiere la desmedida sobrepoblación y cambios de uso de suelo de dudosa revisión por parte de la Directora Adriana Díaz Negrete, que de acuerdo con vecinos les afecta.
Apenas ayer se discutía en el Congreso del Estado que el Gobierno Municipal le importa hectáreas cuánticas de chorizo el medio ambiente y la integridad de las familias chihuahuenses, lo que reafirmó la teoría de los ‘contras chairos’ en que sí existe un cartel inmobiliario.