Sobre este último programa, señaló que la cobertura continúa limitada debido a que el Gobierno del Estado no ha firmado el convenio con la Federación para incorporar a las personas con discapacidad mayores de 29 años.
Estrada también contrastó el alcance de la inversión federal con las finanzas municipales. Mientras el Ayuntamiento de Chihuahua ejerce un presupuesto anual cercano a 7 mil 342 millones de pesos, el Gobierno de México destina alrededor de 6 mil 78 millones de pesos en derechos sociales que llegan de manera directa a las familias de la capital.
«Cuando se afirma que estos programas no le dejan nada a la gente, en realidad se está hablando de más de 250 mil personas que ejercen un derecho constitucional, no de personas que reciben favores», sostuvo.
El coordinador parlamentario recordó que los gobiernos de morena transformaron los programas sociales en derechos constitucionales para que dejaran de depender de decisiones políticas o de la voluntad de un gobernante. «La inversión social no es un gasto; es una política de justicia que coloca primero a quienes históricamente habían sido olvidados», afirmó.
Finalmente, hizo un llamado al secretario general de Gobierno a reflexionar sobre el alcance de sus declaraciones y a reconocer que los programas de bienestar representan una política pública que fortalece la dignidad de las personas y contribuye a reducir las desigualdades en Chihuahua.