Uno de los países más peligrosos del mundo hasta hace tiempo, El Salvador, logró bajar de manera drástica su tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes de 18.1 en 2021, a 7.8 en 2022 y poco a poco ha ido recuperando las calles para la población civil ¿Cómo lo hizo? Encarcelando a los miembros maras y pandillas que mantenían a la población sometida bajo el yugo de la extorsión, el asesinato, el control del mercado negro y fungiendo como gobiernos de facto en múltiples regiones.
Usted puede platicar con su salvadoreño local de confianza que por causa del desplazamiento de la inseguridad y pobreza que provocaban estos pandilleros que por décadas operaron protegidos por el pacto de gobiernos que sólo simulaban el combate al crimen organizado, que aparte se encargaba de la distribución de drogas y el control de las rutas de las drogas por este país vecino de Honduras, otro caso similar grave.
El presidente salvadoreño se llama Nayib Bukele, es descendiente de familias prósperas, chavo fresón de ascendencia Libanesa y Palestina que forman parte de la comunidad árabe en su país, tomó protesta el 1 de julio de 2019 y terminará su período el mismo día de 2024, con opciones de reelección. Desde el 9 de febrero de 2022 presentó su Plan de Control Territorial, y el 27 de marzo de ese año declaró un régimen de excepción, para retirar los derechos humanos a los delincuentes perseguidos por el Estado Salvadoreño, con el fin de recuperar la paz y sentar bases para la recuperación económica.
Con reestructuras en la corte, mandos policíacos, capacitación a las fuerzas armadas en combate de guerrilla urbana y apoyo a las policías civiles que también recibieron entrenamiento similar, comenzaron a «cazar» a los pandilleros y a llenar las cárceles, que ya no eran lugares de juerga y de autogobierno, donde podían tener control de sus organizaciones malandras afuera, administrando el azote y el negocio.
Por ejemplo, si una persona comenzaba un pequeño negocio, por humilde que este fuera, no tardaba en mandar la mara a un «embajador plenipotencial» a cobrar el piso, el moche, la cuota… tenían a la gente trabajando para ellos. También cuando querían reclutar a algún muchacho o jovencita y no accedían, también les fijaban una cuota por contar con un trabajo legal, por más humilde que fuera.
«Hay una reducción en los homicidios, y esto genera una tasa de violencia homicida en El Salvador por cada mil habitantes de 7,8», aseguró en una rueda de prensa el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro,en una conferencia de prensa el pasado 4 de enero.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, señaló que la tasa de homicidios que se registró en 2022 «es la más baja en la historia de El Salvador», al recordar, por ejemplo, que en 2015 esa tasa era de 106,3 homicidios por cada 100.000 habitantes.»Es una reducción jamás vista en nuestro país, donde la sociedad estaba acostumbrada a vivir entre violencia y muerte», sostuvo Delgado.
Hasta el momento van capturados 8 mil mareros para los cuales se construyeron enormes complejos de seguridad carcelarios, a donde ya se trasladaron a los primeros 2 mil reos que pasarán reclusión en condiciones de austeridad y trabajo, para que no representen un cargo económico para el país.
Claro que no faltaron derechohumanistas y buenas ondas que, sobre todo en redes sociales, pregaron el grito en el cielo porque «¡pobrecitos pandilleros, dónde quedan sus derechos humanos!», sin embargo la posición de Bukele es clara y revira preguntando «¿Y dónde quedan los derechos de la gente que asesinaron, robaron, violaron…?»
Mientras aquello ocurre en El Salvador, donde se pone orden desde hace años, en Chihuahua los penales hasta hace poco parecían casinos y sitios de recreo para los criminales que tenían mascotas, todo tipo de comodidades, festejos, alcohol, droga, prostitución, objetos de culto y todo tipo de exceso que reflejara el control que se tenía, sobre todo en el Cereso 3 de Juárez.
Acciones como las de Bukele evidencian políticas blancas como las del gobierno Mexicano, cuyo presidente López Obrador, sostiene el principio de «abrazos, no balazos», como una medida a largo plazo, a costa de condenar al país a una de las principales crisis de seguridad en la historia.